Debate político y no técnico

Siempre he sido crítico del trabajo de los parlamentarios porque legislan desde sus trincheras doctrinarias sin escuchar los argumentos técnicos que deben campear en la gestación y discusión de las normas legales que regulan aspectos de la economía, especialmente cuando se debaten temas tributarios.

Es mi opinión que desde el inicio de la formación de la Ley 20.780 que introdujo profundos cambios en la tributación de las empresas y sus dueños, se han desoído los argumentos de sectores profesionales, académicos y gremiales que llamaban a la cordura y no caer en trasnochadas discusiones doctrinarias que solo derivan en ineficientes normas jurídicas que obligan a parchar sus errores con las nuevas leyes que las suceden. Así fue con esta ley, que luego fue necesaria modificar con la Ley 20.899 que se llamó de “simplificación” y que luego le siguió la Ley 21.210 malamente llamada de “modernización” tributaria, evidenciando mi aprehensión de la adocenada discusión que se realiza en el Congreso.

Títulos como “Paren la Chacota”, “Dejar el Debate Político”, “P.S.= Pésima Seña”, “¿Para quién Legislan?” han coronado mis columnas cuando he llamado la atención sobre esta ligera forma de tratar los temas fundamentales de nuestra Economía.

Pensé que ese estilo legislativo solo estaba ligado al tema tributario, pero me equivoqué porque la idea de legislar una reforma constitucional que permita al grupo de malamente instruidos parlamentarios en temas económicos pueda generar cambios en la legislación previsional y que redunde en la posibilidad de retirar recursos de los fondos de pensiones en momentos coyunturales como el que estamos viviendo, me preocupa.

Si bien es cierto que estamos en crisis y es cierto que las “AFP” no están garantizando el nivel de pensiones que en los años ochenta prometían, no es una solución “técnica” lo que están anunciando.

En este nuevo caso, no son solo técnicos nacionales los que han señalado lo errado de tal política, como es el caso de los especialistas de la OCDE en temas previsionales, sino también la experiencia de otros países muestra lo errado de la medida.

Insisto, estamos viviendo un problema muy grave que es la falta de recursos que afecta a la clase media que está desprotegida de las ayudas estatales, pero no es menos cierto que es esta solución será pan para hoy hambre para mañana.

Al igual que el tema tributario, no he escuchado a ningún economista que no milite en algún partido de izquierda, que no señale lo inconveniente de la medida propuesta y que solo evidencia el populismo electoral en que estamos próximos a vivir.

Lo más grave del nuevo caso de desidia legislativa, es que los efectos negativos afectarán directamente a los trabajadores cuando jubilen y vean mermada su pensión por la falta de los recursos mínimos para lograr una exigua pensión para poder financiar sus más básicas necesidades, máxime si ahora, que con el actual sistema, no se garantiza la potente pensión que se prometió cuando nacieron las AFP (¿recuerdan esa propaganda del jubilado que paseaba en un elefante y mandaba un saludo a sus ejecutivos de la AFP?)

¿Qué pasará cuando los trabajadores que retiren su 10% ilusionados en poder soportar la crisis que estamos viviendo, reciban una nimia pensión?

Si cuando eso ocurra tenemos un gobierno del color político de los parlamentarios que están impulsando estas medidas, estoy seguro que ellos solucionarán el problema otorgando subsidios estatales que se financiarán con impuestos. Lo malo de esta futura solución, es que la ingente recaudación que se necesitará para esos gastos públicos no está garantizada porque tenemos leyes tributarias que también fueron gestadas por debates nescientes y discusiones desde trincheras doctrinarias que no generan leyes adecuadas para nuestras necesidades y urgencias, cayendo nuevamente en los efectos del deslucido y carente de fundamentos técnicos debate parlamentario.

Prof. Germán R.Pinto Perry
Director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria
Universidad de Santiago

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