Una complicada discusión parlamentaria
La nueva Ley 21.256 que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y el empleo fuertemente afectado por la pandemia que estamos viviendo por casi seis meses, tuvo una interesante gestación.
Partió su proceso legislativo con el mensaje presidencial que ingresó al Congreso el 24 de junio del presente año, con la urgencia de “discusión inmediata” dando prelación a esta iniciativa por sobre cualquiera otra que se presentara. Así fue tratada y comenzó su discusión y análisis en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Este cuerpo legal está dentro del Plan Económico de Emergencia que anunció el Gobierno el 19 de marzo y que fue complementado por el anuncio del 8 de abril, que disponía de US$ 17.000 millones para lograr la reactivación económica, además de estar dentro del “acuerdo” del Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica y del Empleo a que se logró el día 14 de junio.
Este proyecto de ley estableció una rebaja inicialmente a un 12,5% de la tasa del Impuesto a la Renta de Primera Categoría (IRPC), rebaja de tasa para determinar los Pagos Provisionales Mensuales (PPM), la posibilidad de solicitar la devolución por el remanente del IVA crédito fiscal y aprovechar una “depreciación instantánea” del activo fijo que se compre durante el año.
Si bien estas medidas están en línea con el objetivo de proveer de mayor liquidez a las pymes, no es menos cierto que son un débil estímulo para este sector, porque no tan solo necesita “más” liquidez, lo cual es posible con la postergación sus obligaciones tributaria; sino que necesitan ayuda para conseguir recursos que les ayuden con sus negocios, es decir, no tienen el potencial para generar ingresos, lo que imperiosamente obliga a socorrerlas a través del financiamiento directo que sea de fácil acceso. Esto no ha sido logrado con las anteriores medidas de ayuda que el Gobierno ha otorgado, como el acceso a Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, FOGAPE, porque éste no ha podido ser aprovechado por la mayoría de las pymes por las restricciones que los bancos han establecido.
Pese a lo anterior, el proyecto de ley se concentraba, inicialmente, solo en temas tributarios.
Así lo ponderó la Cámara de Diputados quien lo aprobó, no sin manifestar sus aprehensiones, como las señaladas por el diputado Jackson quien solicitó que las pymes beneficiadas con la rebaja del IRPC, devolvieran esta dádiva en futuros ejercicios, o lo señalado por el diputado Núñez que alegaba que estas medidas parecían apuntar a un retorno al sistema económico “que había con anterioridad” a la pandemia que estamos viviendo y que evidencia serias deficiencias; y pedía que del beneficio quedaran excluidas aquellas empresas que desarrollen proyectos vinculados con combustibles fósiles.
Sin embargo, el Senado no fue tan receptivo con el proyecto y lo rechazó con el coordinado voto de los partidos de izquierda.
Los argumentos ventilados por senadores como el señor José Miguel Inzulza, fueron que el proyecto no solucionaba el verdadero problema de las pymes, desconociendo el llamado que las organizaciones gremiales de este sector habían hecho encarecidamente a los parlamentarios para aprobarlos.
Senadores como el señor de Urresti, el mismo que otrora había manifestado que los economistas no saben, manifestaron que lo rechazaban para que en una comisión mixta se incorporaran las indicaciones que dieran verdaderas soluciones a las pymes. Es así como fue necesario ir a un tercer trámite constitucional para dar nacimiento a la nueva ley, en donde se volvió al debate y se expusieron argumentos como que la depreciación instantánea solo beneficiaba a las grandes empresas y que en Chile el 80% de los beneficios tributarios no favorecen a las pymes.
En esta instancia se escucharon a dirigentes gremiales de destacada trayectoria como el señor Roberto Fantuzzi quien expuso que era de sentido común entender que la depreciación instantánea solo tendría efectos para su sector cuando la crisis pasara y que ahora se necesitaba apoyo financiero.
Pues bien, al final salió un proyecto con artículos nuevos adicionados al proyecto primitivo, el cual, en su versión original, no cambió en sustancia, salvo la nueva tasa transitoria del IRPC de las pymes que será de 10% por los ejercicios comerciales 2020, 2021 y 2022. A estos artículos se incluyeron otros que permitirán al Ministro de Hacienda gestionar subsidios, financiamiento y la creación de una mesa de trabajo para implementar un plan de emergencia para las familias y pymes.
Como se puede apreciar, el juego político hizo de las suyas, pues fue necesario un rechazo para mejorar, actitud que solo los políticos pueden entender, pues el común y corriente de los ciudadanos podemos pensar que, si un proyecto carece de algún atributo, son los parlamentarios los responsables de aportar para su perfeccionamiento y no esperar a una instancia mixta para realizar, tal vez con mayor presión política, las correcciones. Esto evidencia que el juego político está por sobre la discusión técnica en los temas económicos que se regulan con las leyes.
Prof. Germán R.Pinto Perry
Director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria
Universidad de SantiagoFuente:
