Sistema tributario y roles del Estado

Una de las primeras modificaciones que está en la lista de quienes quieren cambiar la actual Constitución, es la definición del rol que debe adoptar el Estado para lograr sus fines. Lo que se postula, es cambiar el actual Rol Subsidiario del Estado (RSE) por el “Rol Asignador de Recursos” (RAR). Esta disputa tiene efectos directos en el sistema tributario del país, pues de su orientación y eficacia dependerá de la definición del rol estatal.

En primer lugar, hay que distinguir entre roles y fines. El rol es la herramienta que adopta oficialmente el Estado para lograr sus objetivos; en nuestro caso, se ha establecido que a través del RSE se pretende lograr el fin que es alcanzar el Bien Común, concepto que no está definido en la actual carga magna, siendo menester atenernos a lo que han señalado los tribunales de justicia y la doctrina sobre la materia.

Este objetivo se logra a través de la satisfacción de las necesidades de cualquier índole, tanto materiales como inmateriales, para lo cual se necesitan recursos, pues, aunque los jóvenes de ahora – y de todos los tiempos – piensen lo contrario, se necesitan recursos para lograr la satisfacción de las necesidades, cayendo en el palmario dilema que las necesidades son múltiples y los recursos escasos, siendo imperioso la organización y prelación de necesidades y administración de los bienes y servicios.

Es por lo anterior que el “rol” es la mención expresa de las herramientas que se ocuparán para tal ejercicio, es decir, la forma como se destinarán los recursos para el logro del Bien Común. Bajo este esquema, el RSE considera a los particulares como protagonistas y les reconoce la libertad para emprender estas tareas; si no lo hacen porque no les conviene o porque no pueden, es el Estado el que interviene. Si los particulares no responden al logro del Bien Común, es la autoridad estatal quien debe cumplir con tal imperativo.

En este ejercicio, el sistema tributario del país adquiere vital importancia pues debe ser estructurado de tal forma que comulgue con el rol establecido. El RSE establece que el sistema tributario tiene que ser lo más inicuo posible para no inhibir el emprendimiento particular, pero lo suficientemente recaudatorio para garantizar al Estado la cantidad suficiente de recursos monetarios que le permita responder a la inactividad o pasividad del sector privado. Sin duda que esta ecuación es difícil de cumplir cuando son muchas las necesidades, el sector privado es ambicioso e insensible a las necesidades sociales como la falta de liquidez de las pymes que ahora están teniendo, además de una población joven azuzada por sectores de izquierda para que reaccionen violentamente para exigir el cumplimiento de sus derechos.

Si impera el RAR en un país, el sistema tributario tiene características distintas, siendo solamente recaudatorio, pues la iniciativa privada está totalmente inhibida al no tener el reconocimiento como factor principal ni importante para el crecimiento ni desarrollo del país. De esta forma, los tributos se implantan según se entienda que los factores productivos están en manos de los privados, y éstos deben pagar altos impuestos porque el Estado les pide ingentes de recursos para financiar las necesidades sociales que el aparato estatal ha definido por ley, y por ende, no es importante la retribución que deben recibir los empresarios por sus actividades empresariales; y, en otro caso, los factores productivos están en manos del Estado y, por ende, no es relevante la utilidad ni la iniciativa privada, pues todo beneficio generado por esta estructura centralizada será representativa de utilidad a ser destinadas a la satisfacción de las necesidades colectivas. En este último caso, es evidente que, al estar en posesión del Estado todas las empresas, el sistema tributario carece de sofisticación y toda utilidad se invierte socialmente.

Dado el anterior esquema, el sistema tributario tiene que comulgar con la definición de roles y de fines que se establezcan en la Constitución, para poder hacer eficiente la ecuación de recursos versus necesidades que esperamos sean satisfechas en nuestro país, de acuerdo con las garantías y derechos que la carta magna señale.

Prof. Germán R.Pinto Perry
Director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria
Universidad de Santiago

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